(Mérida 21/05/2020).- El reporte oficial de tres nuevos casos de COVID-19 en Mérida, dado a conocer el pasado martes 19 de mayo por el ministro de comunicación del gobierno de facto, Jorge Rodríguez, exige acciones y soluciones por parte de autoridades nacionales y regionales para evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus en la entidad.
En primer lugar, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) hace énfasis en la necesidad de que el Estado garantice el suministro continuo y eficiente de servicios básicos esenciales para prevenir contagios y poder cumplir con el confinamiento en casa, como lo son el agua potable, la luz eléctrica y el gas doméstico. Desde que se inició la cuarentena nacional por COVID-19, el ODH-ULA ha introducido cuatro denuncias ante la Defensoría del Pueblo de la entidad y ocho ratificaciones de denuncias anteriores al inicio de la cuarentena sobre las deficiencias de estos servicios que se registran en todo el estado, incluso desde mucho antes de esta pandemia.
Así mismo, este Observatorio rechaza las restricciones en la venta de gasolina implementadas desde el pasado 17 de marzo, que discriminan el derecho humano a la libre movilidad, el cual también se vulnera por la falta de suficientes unidades de transporte público y la imposición de límites de horario para poder circular en las calles. El ODH-ULA recuerda que las medidas preventivas ante la pandemia por COVID-19 no deben ser excusas para violar derechos humanos.
«Las restricciones a algunos derechos pueden justificarse siempre y cuando tengan una base legal, sean estrictamente necesarias según evidencias científicas y no sean arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, sean de duración limitada, respeten la dignidad humana, estén sujetas a revisión y sean proporcionales para lograr su objetivo», resalta la ONG Human Rights Watch.
Uso del laboratorio de microbiología de la ULA
En cuanto a las acciones que el ODH-ULA exige que sean tomadas cuanto antes destaca la importancia de que el Ministerio de Salud envíe los suministros necesarios para que el personal del Laboratorio de Microbiología de la ULA comience a hacer pruebas regionales para el diagnóstico del nuevo coronavirus.
El pasado 18 de marzo el referido Ministerio autorizó la realización de pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) en dicho laboratorio, lo que reduciría el tiempo de diagnóstico y evitaría los riesgos que corren las muestras nasofaríngeas al ser trasladadas vía aérea al Instituto Nacional de Higiene (INH) en Caracas.
El ODH-ULA no encuentra justificación a que el Ministerio de Salud del gobierno de facto no haya enviado los suministros al laboratorio de la ULA, mientras que sí habilitó un laboratorio móvil para pruebas de COVID-19 en el estado Táchira, el pasado 12 de abril. El Laboratorio de Microbiología de la ULA cuenta con todos los equipos y el personal sanitario capacitado para realizar pruebas de detección de virus, como lo hizo eficientemente durante la pandemia causada por el H1N1.
Libre acceso a la información pública
Finalmente, este Observatorio rechaza la hegemonía comunicacional que prima sobre la información relacionada al COVID-19 en el estado y en el país, la cual debe ser pública, suministrada a tiempo y por fuentes con autoridad profesional en la materia.
El reporte de casos positivos por COVID-19 en Mérida se conoce más de una semana después de que se envían las muestras de laboratorio al INH y es informado por autoridades políticas y no sanitarias, como sí ocurre en otros países democráticos.
La censura y la desinformación sobre una pandemia significan contradecir los estándares internacionales de los derechos humanos a la libertad de prensa, expresión e información, así como al derecho a la salud emitidos por los órganos internacionales de derechos humanos para el contexto COVID-19. Este Observatorio exige transparencia, acceso público y oportuno a la información sobre el COVID-19 en la región y en el país.
