(Mérida 22/04/2020).- El precario y cada vez más deficiente funcionamiento de los servicios básicos en Venezuela impide enfrentar adecuadamente la pandemia por coronavirus y afecta la vida cotidiana de los ciudadanos en confinamiento. El no contar con el funcionamiento continuo y óptimo de los servicios básicos, que en Venezuela además son públicos, constituye una violación a derechos humanos.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exige al Estado venezolano, bajo la administración del gobierno de facto, la prestación óptima de los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y otros como el despacho de gasolina y gasoil, en su mayoría controlados por empresas estatales. El ODH-ULA señala que las fallas en los servicios básicos es consecuencia de la corrupción, la falta de mantenimiento y la desinversión en los mismos ejercida por un desgobierno, como lo han comprobado la ONG Transparencia Venezuela y medios de comunicación a través de investigaciones.
Fallas injustificadas
El ODH-ULA rechaza la reciente publicación de un plan de racionamiento del servicio eléctrico, llamado Plan de Administración de Carga (PAC), para el estado Mérida, el cual contempla cortes de seis horas continuas, sin horarios ni fechas establecidas. La realidad constatada por este Observatorio es que la mayoría de los sectores, al menos en los municipios Libertador y Campo Elías, suman 12 horas diarias sin electricidad.
Por su parte, las constantes interrupciones en el suministro de agua potable, así como las cada vez más recurrentes y acentuadas fallas en los servicios de telecomunicaciones y la ausencia de gas doméstico en muchos hogares de Mérida se suman a la falta de gasolina y gasoil para la ciudadanía. Todos estos servicios dependen total o parcialmente del Estado venezolano, por lo que es su absoluta responsabilidad garantizar su óptimo funcionamiento o exigir a los responsables dicha garantía.
Exigencias no atendidas desde 2018
En fechas 6 y 18 de abril de 2018, el ODH-ULA acompañó a un grupo de ciudadanos a interponer una denuncia ante las oficinas de Corpoelec y Aguas de Mérida (Aguamerca), responsables de suministrar la energía eléctrica y el agua potable en el estado. En vista de que ninguna de estas denuncias fue respondida, el 4 de julio de 2018 se introdujo un recurso ante el Tribunal de Municipio de Guardia, quien declinó la competencia en el Tribunal Contencioso Administrativo del estado Mérida. En consecuencia, el 11 de marzo de este año el ODH-ULA introdujo una demanda contra Corpoelec en el Tribunal competente, fundamentada en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Además, este año 2020 el ODH-ULA ha introducido dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo debido al precario funcionamiento de los servicios eléctrico y de agua potable, exigiendo la actuación de este organismo defensor ante las empresas responsables del suministro de ambos servicios, Corpoelec y Aguamerca. Ninguna de las dos denuncias ha sido respondida.
El ODH-ULA rechaza y no justifica las deficiencias en la prestación de los servicios básicos en Venezuela. Las cada vez más continuas y severas fallas en los mismos no tienen ninguna causa externa a las responsabilidades gubernamentales.
