(Mérida, 20/05/2022).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) presentó este jueves, 19 de mayo, su más reciente informe semestral sobre la situación de los derechos humanos en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, en el período comprendido entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. El énfasis está en los derechos civiles y políticos, educativos, de los universitarios, a la ciencia, ambientales y de las mujeres.
La presentación de este informe, hecha a través de una plataforma virtual, contó con la participación especial de la profesora Anairamiz Aranguren, bióloga y doctora en Ecología Tropical, especialista en ecología de comunidades, etnoecología y la evaluación de las transformaciones generadas por las actividades humanas en los ecosistemas naturales. Aranguren explicó cuál es la situación actual de los derechos ambientales en el estado Mérida, información que está detallada en un informe previo del ODH-ULA.
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Derechos civiles y políticos
En la primera sección del informe se presentan los patrones de actuación de jueces y fiscales en detenciones arbitrarias, los cuales violan el derecho a la justicia de las víctimas y promueven la impunidad en casos que involucran a funcionarios públicos como victimarios. Así mismo, se evidencia la inexistencia de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos por los daños causados por el propio Estado venezolano, a través de sus funcionarios. Finalmente, se muestra la erosión de la participación política en el marco de las elecciones regionales realizadas en 2021.
Entre marzo y abril de este 2022, el ODH-ULA documentó dos casos de víctimas de violaciones de derechos humanos por la actuación indebida de jueces y fiscales. Estas víctimas fueron Steven García, preso por más de seis años acusado de un asesinato que no cometió, y los jóvenes Walter Mayorga y Marller González, quienes también estuvieron privados de libertad desde 2016 siendo inocentes. Dos juezas retrasaron con sus actuaciones el debido proceso de estos casos: Yoyreli Mata Granados y Lucy del Carmen Terán Camacho, mientras que tres fiscales del Ministerio Público fueron los responsables de imputar sin pruebas a los detenidos y exigir su condena: Dayana González, Franklin Rangel y Lupe Fernández.
En cuanto al incumplimiento del Estado venezolano en su obligación de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el ODH-ULA denuncia que ninguna de las víctimas de los 55 casos asistidos hasta mayo de 2022 por el equipo jurídico de esta organización ha sido reparada. Tampoco han tenido reparación otras 350 personas asistidas por los abogados del Foro Penal en Mérida.
El 27 de diciembre de 2021 se publicó en Gaceta Oficial la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN) elegida ilegítimamente en 2020. No obstante, esta legislación no había sido aplicada al cierre del informe presentado por el ODH-ULA. Aunque García, Mayorga y González fueron puestos en libertad plena este año, el Estado está en la obligación de repararlos a ellos y a sus familiares por distintas y reiteradas violaciones a sus derechos humanos.
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Derechos universitarios
En la segunda parte del informe se refieren las graves violaciones a la libertad académica y los derechos a la educación y a la ciencia cometidas por el Estado venezolano, a través de reformas legislativas, irrespeto a la autonomía universitaria y asfixia presupuestaria, entre otras acciones violatorias. Estas han traído como consecuencia el progresivo deterioro de las infraestructuras universitarias, inseguridad y hampa en los espacios para el desarrollo académico, incremento de la deserción de profesores, trabajadores y estudiantes, así como un retroceso en los derechos laborales que ha impactado sobre todo a los adultos mayores jubilados o empleados activos de las universidades públicas del país.
“La asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo Nacional imposibilita a las universidades el sostenimiento de un cuerpo de vigilancia eficiente para el resguardo de sus bienes e impedir el desvalijamiento y la destrucción de sus instalaciones por parte del hampa”, denuncia el informe. Como consecuencia, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, el ODH-ULA registró 58 hechos de inseguridad ocurridos en espacios de nueve universidades públicas del país. Estos incluyen robos, hurtos y actos de vandalismo.
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La deserción de miembros de las universidades no para de crecer. De acuerdo con información suministrada al ODH-ULA por autoridades de seis universidades públicas del país, entre el 20% y el 50% de los profesores ha renunciado, mientras que el retiro de estudiantes alcanza incluso el 70%, como ocurre en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carabobo (UC), cuya matrícula pasó de 1.000 a apenas 300 estudiantes inscritos para este 2022.
En cuanto a sueldos y salarios del personal universitario, las tablas salariales impuestas de manera unilateral por el régimen de Nicolás Maduro en marzo de este 2022 establecen que el sueldo base de un profesor titular a dedicación exclusiva es de Bs. 522,16, es decir, cerca de 120 dólares mensuales a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). “Para el mes de febrero de 2022 el costo de la canasta alimentaria se ubicó en USD 454,93; esto significa que un profesor del más alto escalafón apenas podría cubrir con su sueldo base el 26% de dicha canasta”, apunta el informe.
Aumento del control estatal mediante leyes
El 17 de marzo de este 2022 la AN ilegítima aprobó el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. El propósito implícito de esta reforma es profundizar el sometimiento de la investigación científica y tecnológica al inconstitucional Plan de la Patria 2019-2025, ya que en su exposición de motivos señala que la ley estará orientada a buscar “la construcción del modelo socialista que requiere la Patria”. Explícitamente esta reforma indica que toda investigación científica, tecnológica y de innovación deberá contar con los permisos correspondientes emitidos por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.
Dos meses antes, el 18 de enero de 2022, la ilegítima AN instaló una “Comisión para la formulación de la estrategia para la construcción de la Ley de Educación Universitaria”. Aunque dicha comisión no ha presentado ningún proyecto ni propuesta oficial, para la misma no fueron convocados expertos en el tema que forman parte de universidades autónomas del país.
Violencia basada en género y feminicidios
Entre el primero de enero y el 15 de mayo de 2022, la Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer) y el ODH-ULA registraron 71 casos de violencia basada en género en la región andina: 38 en Mérida, 18 en Táchira y 15 casos en Trujillo. De estos, 5 fueron feminicidios y 2 intentos de feminicidios. El 34% de los casos ocurrieron durante el mes de enero.
“Los casos registrados constituyen 8 de los 21 tipos de violencia que están tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los tipos encontrados en los casos documentados son: violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia familiar, violencia sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, trata de mujeres, niñas y adolescentes, y feminicidio”, precisa el informe.
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