(Mérida, 11/07/2022).- Atropellos a la autonomía universitaria, a los derechos laborales de docentes y trabajadores, a los derechos educativos de estudiantes, al derecho a la salud de los universitarios, a la libertad académica, entre otros, sumaron un total de 225 violaciones a derechos humanos cometidas contra universitarios o en espacios de universidades entre enero y junio de este 2022.
Cada mes, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, elabora y publica un informe sobre la situación de las universidades y los universitarios en el país.
El equipo de investigación y monitoreo del ODH-ULA se ocupa de documentar y sistematizar la situación de cuatro derechos principales asociados a la educación superior: autonomía universitaria, derecho a la educación, derecho a la ciencia y derechos humanos de los universitarios. En enero, el ODH-ULA y sus organizaciones aliadas contabilizaron 50 violaciones a derechos humanos en el contexto universitario. En febrero, la cifra descendió a 47. En marzo se registraron 27 y en abril 14. En mayo hubo un repunte, sumando 40 en total, y en junio se contabilizaron 47.
Esta evaluación se hace sobre todas las instituciones educativas públicas de tercer nivel en Venezuela a las que es posible tener acceso, utilizando tres métodos de recolección de datos: observación documental, observación de campo y realización de entrevistas semiestructuradas.
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Violaciones a la autonomía universitaria y asfixia presupuestaria
La autonomía universitaria es un principio constitucional en Venezuela, consagrado en el artículo 109 de la carta magna y definido detalladamente en el artículo 9 de la Ley de Universidades. Este principio incluye la autonomía organizativa, académica, administrativa, económica y financiera de las universidades autónomas del país. El Estado venezolano, en su política de asfixia presupuestaria y control de la educación superior, ejecuta acciones que violan de distintas formas la autonomía universitaria.
Dentro de las violaciones a la autonomía universitaria que documentan el ODH-ULA y sus organizaciones aliadas está la intervención de espacios universitarios por parte de agentes externos, el acoso y la asfixia presupuestaria ejercida por el Estado, la imposición de normas ilegales y ataques contra académicos, trabajadores y estudiantes. Estos tipos de violaciones son las más reiteradas en el registro que se hace mensualmente para los informes.
A través del Plan Universidad Bella, creado en 2019, el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro ha intervenido espacios universitarios con la excusa de recuperarlos, hacerles mantenimiento o rehabilitarlos, siendo que el deterioro de la infraestructura universitaria es consecuencia de la asfixia presupuestaria aplicada por el mismo régimen.
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“El 30 de enero de 2022, Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela, anunció la entrega de instalaciones deportivas de la Ciudad Universitaria de Caracas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), “totalmente rehabilitadas”. En la intervención, representantes del Ejecutivo aseguraron que han sido completamente rehabilitados 24 de los 49 edificios que tiene la Universidad, y los otros 25 han recibido atención inicial”, señala el informe de enero. Sin embargo, los universitarios de la UCV han denunciado que no es cierta la entrega o recuperación completa de los espacios y que desconocen quiénes hacen los trabajos y la inversión en los espacios.
En febrero, el ODH-ULA denunció que más de 200 egresados del Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR) de la ULA, ubicado en Trujillo, no podían registrar sus títulos universitarios por represalias políticas. “La negativa del Registro Principal del estado Trujillo para protocolizar los títulos otorgados por el NURR es una represalia por razones políticas que data desde febrero de 2019, cuando el Consejo Nacional de Universidades y el entonces ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, intentaron imponer ilegalmente un vicerrector al Núcleo Trujillo”, precisa el informe.
A comienzos de junio el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Angel Ferreira, denunció que el gobierno debe el equivalente a 1.661.995,43 dólares a los fondos de pensiones de los profesores y del personal administrativo de esta institución, al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), al seguro social, las pensiones alimentarias, las contribuciones a la Asociación de Empleados, a la Asociación de Profesores y al Consejo de Profesores Jubilados, además de los sindicatos. Por su parte Mario Bonucci, rector de la ULA, informó el pasado 6 de junio que en Consejo Universitario se había discutido el impago de las retenciones de impuestos por parte del Ministerio de Educación Universitaria, cuya deuda asciende a 1.000.000 de dólares.
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Derecho a la educación y a la ciencia
El declive de la investigación científica en Venezuela es el resultado de políticas estatales erradas y dirigidas directamente a socavar las capacidades de las instituciones de educación, ciencia y tecnología. La asfixia presupuestaria y la politización de la investigación científica han causado la migración forzada de investigadores y la paralización de institutos y centros de investigación, trayendo como consecuencia el descenso de publicaciones y la desmejora de las universidades en el posicionamiento de rankings internacionales.
Aarón Muñoz, director de del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo (CDCH-UC), informó al ODH-ULA en febrero de este año que las investigaciones en esta institución han disminuido en 60% desde el año 2019, debido a la falta de presupuesto. “Según Muñoz, en el CDCH se financiaban alrededor de 5.000 proyectos de investigación y se realizaban 3.500 publicaciones al año con el presupuesto asignado. Además, indicó que de 54 centros para la investigación sólo el 28% (15) están activos”, reseña el informe.
El 17 de marzo de 2022 la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2020 sin el reconocimiento internacional, aprobó el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), la cual fue remitida a Nicolás Maduro a los fines de su promulgación. Esta es la cuarta vez que la AN, siendo de mayoría chavista, aprueba modificaciones a esta ley, que fue promulgada por Hugo Chávez en 2001 mediante ley habilitante. En cada reforma, hechas en 2005, 2010, 2014 y este 2022, la investigación científica y tecnológica se politiza más, alineándola a los objetivos establecidos en los planes de la patria.
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El primer artículo de la nueva Locti establece que la ciencia, la tecnología y la innovación deben garantizar “el ejercicio pleno de la soberanía nacional y el desarrollo del país potencia en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, mediante el encadenamiento de procesos de creación de conocimientos que impacten en la dinámica de las unidades productivas con visión revolucionaria que proteja y atienda las necesidades del pueblo”.
El derecho a la ciencia está establecido en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). También aparece en la Declaración de Venecia, aprobada en 2009, y en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A su vez, está incluido en la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos, aprobada por la Unesco en 2017, en el informe de 2012 de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales y en la Observación general número 25 hecha al artículo 15 del PIDESC, relativo a la ciencia.
Ataques contra universitarios y científicos
El 10 de febrero de 2022, un profesor y una trabajadora del Núcleo Nueva Esparta de la Universidad de Oriente (UDO) fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando salían del módulo de Guatamare, luego de realizar un operativo de limpieza. Se trató de Luis Castro Milano, coordinador de Servicios Generales del Núcleo Nueva Esparta, y Gladys Rodríguez, secretaria general del Sindicato de Obreros de la UDO.
Al día siguiente Natasha Rodríguez, jueza cuarta de control del estado Nueva Esparta, les imputó los delitos de tráfico de materiales estratégicos, agavillamiento y peculado doloso propio. El Consejo de Núcleo de la UDO emitió un comunicado condenando esta medida judicial. Milano y Rodríguez estuvieron 41 días privados de libertad, siendo liberados el 22 de marzo bajo régimen de presentación.
El 16 de marzo de 2022 Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), volvió a atacar a los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman). “¿Se acuerdan de aquella gente de la Academia que dijeron que los casos (de COVID-19) iban a llegar a no sé cuántos? Ellos ya se vacunaron, ya están seguros, y no les trajo la vacuna (…) Lorenzo Mendoza”, dijo en su programa televisivo. El 13 de mayo de 2020, tras la publicación de un informe de la Acfiman sobre el probable aumento de casos de COVID-19 en Venezuela, Cabello descalificó e intimidó a los académicos. “Esto es una invitación para que los organismos de seguridad visiten a esta gente”, expresó.
El ODH-ULA y sus organizaciones aliadas para el monitoreo y la documentación mensual de la situación de las universidades venezolanas expresan su preocupación por el avance del régimen en su intervención de los espacios universitarios, así como por el progresivo aumento de la politización de la educación y la investigación científica, mientras se continúa asfixiando presupuestariamente a las instituciones educativas autónomas.
