(Mérida, 06/04/2024).- El 6 de abril de 2021, el juez del Tribunal Penal de Juicio N° 05 del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodríguez, excarceló a los policías Juan Bautista Cordero Freitez y Fredy Bladimir Rodríguez, implicados en el asesinato de Wuilderman Paredes que fue cometido el 8 de junio de 2019 durante una protesta en una cola de gasolina que sumaba más de una semana en Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina.
Cordero y Rodríguez eran funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando Wuilderman Paredes fue asesinado y dos familiares resultaron heridos con armas de fuego. Juan Bautista Cordero Freitez era el jefe de la PNB en Mérida y fue quien dio la orden de disparar contra quienes protestaban pacíficamente para exigir abastecimiento de combustible a sus vehículos y denunciar pasos preferenciales en la estación de servicio de Los Llanitos de Tabay.
Durante los tres juicios que ha tenido este caso, Gerardo y Luis Paredes, primos de Wuilderman Paredes que también estaban en la cola de gasolina, señalaron a Cordero y Rodríguez como sus agresores. Los disparos propinados por ellos llevaron al borde de la muerte a Gerardo Paredes, causándole lesiones permanentes que le impiden trabajar en lo que había sido su oficio hasta el día de la agresión policial: mecánico de maquinaria pesada.
El equipo legal del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) representa a Gerardo y Luis Paredes en el nuevo juicio que aún está en curso, así como a las víctimas por extensión de Wuilderman Paredes: su madre, su hija menor de edad y la madre de esta.
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Inacciones que promueven la impunidad
El 22 de octubre de 2020, un año y tres meses después del asesinato de Wuilderman Paredes y las agresiones contra sus primos Luis y Gerardo, el juez José Gerardo Pérez Rodríguez dictó la sentencia del primer juicio: de los seis funcionarios policiales detenidos por el hecho, solo condenó a 18 años y 6 meses de prisión a Luis Gerardo Vargas, autor material del asesinato. Los otros cinco policías fueron absueltos: Juan Bautista Cordero Freites, Freddy Bladimir Rodríguez, Daniel Antonio Vivas Albornoz, Junior Enrique Valero Ortega y Erica del Carmen Peña Sánchez.
La defensa legal de Vargas apeló entonces la sentencia y la Corte de Apelaciones decidió retrotraer el caso e iniciar un nuevo juicio. Sin embargo, la jueza del Tribunal Penal de Juicio Nº 3, Luisana Darleni Rodríguez Contreras, volvió a condenarlo el 2 de septiembre de 2022, también con una pena de 18 años de cárcel.
Los abogados del condenado volvieron a apelar la sentencia y un tercer juicio por este caso se inició el 30 de mayo de 2023, en el que el equipo legal del ODH-ULA continúa exigiendo justicia para Luis y Gerardo Paredes y debida reparación a las víctimas por extensión de Wuilderman Paredes. Pero este nuevo juicio tampoco ha estado exento de irregularidades que promueven la impunidad del uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios policiales en Venezuela.
Iván Toro, coordinador del equipo legal del ODH-ULA y uno de los abogados defensores de las víctimas, señala que los tribunales no han ejercido las acciones correspondientes para emitir las órdenes de aprehensión contra Juan Bautista Cordero Freitez y Fredy Bladimir Rodríguez, quienes permanecen prófugos de la justicia desde que la Corte de Apelaciones decidió que se iniciara un segundo juicio en 2021. «Los otros tres funcionarios que habían sido liberados en 2020 sí cumplen el régimen de presentación que les fue dictado y han asistido como testigos al nuevo juicio», precisó.
Estado miente sobre este caso y no investiga cadena de mando
En 2019 el ODH-ULA presentó este caso ante la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, por constituir tres ejecuciones extrajudiciales: la de Wuilderman Paredes consumada y las de Luis y Gerardo Paredes en grado de frustración.
Agnès Callamard, quien era la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, presentó el 9 de marzo de 2020 un llamamiento urgente al gobierno de Venezuela, en el que le pedía al Estado proporcionar información acerca del curso de la investigación, las medidas adoptadas para llevar ante la justicia a todos los responsables y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar que las normas internacionales de derechos humanos se apliquen a acciones de la fuerza pública en instancias similares.
El régimen de Nicolás Maduro tardó un año y cuatro meses en responder a ese llamamiento. Lo hizo el 14 de julio de 2021 en una comunicación suscrita por la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales. Allí se mencionaba que el caso estaba nuevamente en fase de juicio, sin indicar que los efectivos policiales Cordero y Rodríguez ya se encontraban prófugos de la justicia. Tampoco se hacía referencia a los derechos de verdad, justicia y reparación que el Estado debe garantizar a las víctimas directas e indirectas de este caso.
Lejos de demostrar un genuino interés por evitar la impunidad, hacer justicia y reparar a las víctimas, el régimen solicitó entonces a la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que el caso de Wuilderman Paredes se diera por concluido, «debido a las informaciones aportadas y las explicaciones brindadas por el Estado venezolano».
El ODH-ULA insiste en exigir justicia verdadera y completa en este caso, que forma parte de los más de 2.000 testimonios que víctimas del Estado venezolano enviaron a la Corte Penal Internacional (CPI) el año pasado para argumentar la solicitud de reanudación de la investigación que esta instancia hace en Venezuela. La impunidad debe erradicarse en el país y el Estado debe garantizar que los funcionarios de la fuerza pública no cometan violaciones de derechos humanos.
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