Resumen
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, registraron durante el mes de enero 32 casos relacionados con violaciones al derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario, lo que pone en evidencia que el Gobierno de Venezuela no respeta las obligaciones de garantizar, promover y proteger el derecho a la educación y la cultura y demás derechos humanos. Este reporte contiene documentación de:
-24 denuncias vinculadas a acoso presupuestario por la aprobación incompleta y deficiente del presupuesto solicitado por las universidades; falta de presupuesto para el pago de servicios básicos en las instituciones, que pone en riesgo la suspensión de los mismos y la continuidad de las actividades académicas; afectación a la investigación científica por no asegurarse las condiciones de servicios básicos en las instituciones; deterioro de espacios universitarios por falta de presupuesto; vulneración de los derechos estudiantiles debido a que le Estado no asigna presupuesto suficiente para cubrir los beneficios de los jóvenes universitarios como: comedor, transporte y becas; y la continua violación a la autonomía universitaria administrativa por intervención del gobierno espacios académicos.
-7 denuncias por agresiones referidas a los señalamientos por parte de autoridad universitaria impuesta por el gobierno a profesores universitarios en un intento por criminalizar la protesta y la defensa de los derechos de los trabajadores. Además del registro de 6 incidentes de seguridad en instituciones universitarios que registran 4 robos y hurtos; y la vandalización de espacios universitarios con el eslogan “Furia Bolivariana», un plan del gobierno nacional para hostigar, perseguir y ejercer el control social de forma discrecional.
-1 denuncia por imposición de normas ilegales antes los anuncios de la ministra de educación sobre la firma de un acuerdo que permitirá que el sexto año de educación técnica sea el equivalente al primer año de educación universitaria, violando la autonomía universitaria.
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