Desde el año 2008 el Ejecutivo Nacional no asigna a las universidades el presupuesto necesario para el desarrollo de sus actividades académicas, administrativas y financieras, lo que frenado su fomento y desarrollo y ha impedido proteger del deterioro sus instalaciones e infraestructura, las cuales, también por falta de un cuerpo eficiente de vigilancia, han quedado a merced del hampa que las ha venido desvalijando y causando destrozos en sus instalaciones ante la inacción de los organismos de seguridad del Estado. Lo que constituye una violación al derecho a la educación, a la autonomía universitaria y otros derechos humanos inherentes establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) —en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela—, durante el mes de julio de 2021 ha documentado 30 incidencias relacionadas con violaciones a los derechos humanos en el contexto universitario.
