La Constitución Nacional venezolana establece en su artículo 109 la autonomía universitaria y en el artículo 110 la obligación del Estado de destinar los recursos suficientes para el fomento y desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura. Pero estos artículos vienen siendo violados reiteradamente desde hace varios años por el Ejecutivo Nacional, pues desde el año 2008 las universidades no reciben el presupuesto necesario para el desarrollo de sus actividades y proteger del deterioro sus instalaciones e infraestructura, las cuales, también por falta de un cuerpo eficiente de vigilancia, han quedado a merced del hampa que las ha venido desvalijando y causando destrozos en sus instalaciones, ante la inacción de los organismos de seguridad del Estado. Lo que constituye una violación al derecho a la educación y otros derechos humanos inherentes, establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre DDHH.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) —en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela—, durante el mes de junio de 2021 ha documentado 30 incidencias relacionadas con violaciones a los derechos humanos en el contexto universitario.
Estas 30 incidencias monitoreadas se desglosan en: 3 por asfixia presupuestaria y retardo en la asignación de recursos, 3 por violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales de asociación y participación, 3 por deserción estudiantil y de personal universitario, 2 por deterioro de las instalaciones y daños a la infraestructura universitaria por falta de presupuesto, 9 por daños a las instalaciones e infraestructura universitaria causadas por robos, hurtos y vandalismo, y 10 protestas y reclamos por un plan de vacunación para prevenir el covid-19 y por violaciones a otros derechos humanos.
