Resumen
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, registraron durante el mes de octubre 30 casos relacionados con violaciones al derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario. Esto evidencia que el Gobierno de Venezuela no respeta las obligaciones de garantizar, promover y proteger el derecho a la educación y la cultura y demás derechos humanos.
Este reporte contiene documentación de:
-19 denuncias vinculadas al acoso presupuestario: violaciones de la autonomía universitaria por intervención de espacios académicos; asignación presupuestaria por parte del Estado años 2023 y 2024; violaciones a los derechos laborales por pago fraccionado del bono navideño, deudas de prestaciones, años de servicios y fidecomiso; y violaciones a los derechos estudiantiles por el pago insuficiente de las becas y falta de presupuesto para cubrir necesidades de transporte.
-5 denuncias por aplicación de normas ilegales: injerencias del Ejecutivo Nacional en los procesos electorales de las universidades autónomas; y denuncias debido a que desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) se continúa trasgrediendo autonomía universitaria con asignación de cupos de estudiantes nuevo ingreso, además de las irregularidades en el proceso de asignación.
-4 denuncias sobre agresiones: el atropello por parte del Ejecutivo Nacional a través de OPSU, al solicitar un “equilibrio presupuestario” que obliga a la Universidad de Lo Andes a adoptar una frecuencia de cargos que significaría que, para enero de 2024, se tendría un déficit de 1.800 cargos aproximadamente; y el registro de 3 robos, todos ocurridos en la Universidad de Los Andes
-2 denuncias de persecución política contra universitarios: criminalización de la participación política de los profesores universitarios Argeno Yasir Quevedo Prat y Ana Luzmila Trujillo Rojas, miembros principales de la Junta Regional de Mérida de la Comisión Nacional de Primaria, quienes debieron comparecer el 30 de octubre de 2023, ante la sede estadal de este Ministerio en calidad de “investigados”, por la presunta comisión de “uno de los delitos establecidos en la Ley Contra la Corrupción”.
