Resumen El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de
Salvador Rivera, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, es uno de los 45 universitarios detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Actualmente está en la cárcel de Tocorón, acusado de delitos de terrorismo y sin derecho a una defensa de su confianza.
Puede descargar el informe completo AQUI Resumen ejecutivo En el contexto de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, se presenta este informe, cuyo propósito es reseñar las violaciones al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos en las etapas previa, durante y después de
Tras las elecciones presidenciales en Venezuela, la libertad de información ha sido severamente restringida. Nueve periodistas han sido detenidos y acusados de terrorismo, mientras que el IPYS ha registrado 79 violaciones a la libertad de prensa, destacando a Trujillo como la entidad con más casos. Estas acciones vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución venezolana.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes alerta sobre la detención arbitraria de 37 profesores y estudiantes universitarios en Venezuela, en el marco de las manifestaciones contra el fraude electoral. Este hostigamiento y represión vulneran los derechos a la libertad de expresión y reunión, esenciales para el fortalecimiento de la democracia. Exigimos la liberación inmediata de los detenidos y el cese de la represión.
En julio, el ODH-ULA y aliados registraron 23 casos de violaciones al derecho a la educación en universidades venezolanas. El informe destaca el acoso presupuestario, la vulneración de derechos laborales y estudiantiles, y la detención arbitraria de 37 universitarios en el marco postelectoral, subrayando la falta de compromiso del Gobierno de Venezuela con la protección de los derechos humanos y la educación.
