(Mérida 30/04/2020).- Las protestas sociales pacíficas que se registraron durante 2017 en varios estados del país fueron reprimidas brutalmente por funcionarios de la fuerza pública y colectivos paramilitares, cuyas acciones criminales permanecen impunes. Solo en Mérida, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) estimó
más de 2.000 personas heridas, contabilizó 15 personas asesinadas, más de 40 ataques y allanamientos a la propiedad privada y 290 detenciones arbitrarias donde las víctimas fueron vejadas y torturadas. Estas violaciones a los derechos humanos iniciaron justo hace tres años, en abril de 2017.
Aunque la justicia venezolana está secuestrada por el régimen de facto, el ODH-ULA no cesa su lucha por exigir la misma para todas las víctimas, así como su debida reparación e indemnización por parte el Estado y ante las instancias internacionales competentes. Así mismo, este Observatorio no dejará de denunciar que la represión ejercida durante 2017, y durante todas las protestas sociales en contra del régimen que encabeza Nicolás Maduro, constituye una política de Estado criminal.
Represión criminal desde 2014
En el informe de 2017 realizado por el ODH-ULA y titulado “Mérida: asalto a los derechos humanos”, se resalta que desde las protestas ocurridas en el año 2014 existe un patrón de violaciones a los derechos humanos en Mérida. El mismo consiste en la actuación coordinada de cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares o los llamados «colectivos».
“Este patrón se profundiza en 2017 cuando funcionarios de la Policía del estado Mérida (Polimérida), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ocasionaron considerable daño a la integridad física y psíquica de manifestantes, usando municiones prohibidas en el control de manifestaciones públicas como balas, trozos de cabillas y canicas, violando los estándares de actuación al disparar hacia las zonas más vulnerables del cuerpo humano”, detalla el informe de este Observatorio.
Como consecuencia de la represión criminal, entre abril y julio de 2017, en el contexto de manifestaciones pacíficas, 22 personas perdieron total o parcialmente la visión a causa de disparos propinados directamente a los ojos. Los exámenes médicos hechos a estas víctimas determinaron que los proyectiles incrustrados fueron modificados intencionalmente con el objetivo de causar el mayor daño posible.
Muertes impunes versus inocentes imputados
Entre los meses de abril y julio de 2017, un total de 15 personas fueron asesinadas en cinco municipios del estado Mérida, en el marco de las protestas sociales en contra del gobierno nacional.
Jesús Sulbarán, Luis Márquez, Anderson Dugarte, Luis Gutiérrez, Douglas Acevedo, José Márquez, Carlos Paredes, Rafael Balza, Ender Caldera, Oneibis Quiñones, Marcel Pereira, Eduardo Olave, Ángelo Méndez, José Sánchez y José Monsalve murieron entre el 24 de abril y el 30 de julio de 2017. La mayoría de estas muertes permanecen impunes.
Sin embargo, por los asesinatos de Jesús Sulbarán y Luis Márquez fue detenido el 13 de septiembre de 2017 Erickvaldo Márquez, estudiante de la Universidad de Los Andes. Los delitos que se le imputan por esas muertes no cuentan con ninguna prueba, por lo que su inocencia permanece incuestionable. Márquez continúa privado de libertad y su juicio, cuyo seguimiento está en manos del equipo jurídico del ODH-ULA, ha estado plagado de irregularidades.
Así mismo, por la muerte de Douglas Acevedo fueron detenidos Daniel Parra y Richard Álamo, entre los días 8 y 9 de septiembre de 2017. Parra continúa privado de libertad.
Además de estas encarcelaciones y acusaciones sin pruebas, el ODH-ULA registró entre abril y octubre de 2017 al menos 290 detenciones arbitrarias, realizadas sin orden de detención y sin flagrancia, por parte de funcionarios policiales y militares. “Los detenidos alegaron haber recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención”, documenta el informe de 2017 de este Observatorio.
Violaciones a la propiedad privada
Entre los meses de mayo y julio de 2017, el ODH-ULA registró 33 ataques a zonas residenciales cometidos por funcionarios de la fuerza pública o por colectivos armados. Así mismo, 12 allanamientos ilegales fueron documentados por este Observatorio en los municipios Libertador, Campo Elías y Tovar. Los mismos fueron ejecutados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Ninguno de los propietarios afectados ha recibido reparaciones ni indemnizaciones.
El ODH-ULA ha asumido la defensa legítima de algunas de las víctimas del régimen por la represión criminal perpetrada hace ya tres años. Algunos casos han sido llevados también a instancias internacionales. Este Observatorio recuerda que los delitos cometidos contra derechos humanos y de lesa humanidad no prescriben.
