(Mérida 17/06/2020).- Durante los primeros tres meses de cuarentena nacional por COVID-19, de los cuales más de 70 días implicaron confinamiento casi absoluto, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró 95 robos y hurtos de bienes pertenecientes a al menos 8 universidades del país. Esta cantidad supera un robo o hurto por día en lo que va de cuarentena.
Además de estos delitos, el ODH-ULA contabilizó al menos una decena de actos vandálicos consistentes en invasiones, destrozos y hasta el descuartizamiento de una yegua, registrados estos en varias dependencias universitarias. Este Observatorio subraya que, en pleno período de cuarentena con restricciones de horario para circular en la calle en la mayoría de los estados del país, el hampa haya podido actuar libremente sin que los organismos policiales y militares, encargados de hacer cumplir el confinamiento, lo hayan advertido. El ODH-ULA denuncia, además, que la gran mayoría de los actos vandálicos cometidos contra las universidades permanecen impunes y sus ejecutores no han sido capturados.
Universidad de Oriente, la más castigada
La Universidad de Oriente (UDO) ha sido la casa de estudios más atacada durante esta cuarentena. Según reporte del medio digital Crónica Uno, desde el 16 de marzo y hasta el 26 de mayo se cometieron 28 robos solo en el núcleo Anzoátegui de esta universidad. A esta cantidad se le suman 9 hurtos y robos registrados por el ODH-ULA en otros núcleos de la UDO, para un total de 37 en lo que va de cuarentena.
Además de la sustracción de bienes, la mayoría de ellos irrecuperables por los costos que supone reponerlos, este Observatorio condena el vil incendio que consumió miles de libros pertenecientes a la biblioteca del núcleo Sucre de la UDO el pasado 1° de junio. Este deplorable hecho constituye uno de los ataques más lamentables a la esencia del saber y la enseñanza universitaria.
Por su parte, desde el 16 de marzo y hasta el 16 de junio de este año, la Universidad de Los Andes (ULA) fue víctima de 17 robos y hurtos en distintas dependencias ubicadas en sus tres Núcleos: Mérida, Táchira y Trujillo, así como en las Estaciones Experimentales Judibana (Mérida) y Caparo (Barinas), las cuales están invadidas por delincuentes desde hace varios años.
Las otras universidades víctimas del vandalismo en lo que va de cuarentena, según registros del ODH-ULA, han sido la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), la Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado» (UCLA) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre».
Ataques que solo buscan destruir
Además de los robos y los hurtos, la quema de libros en la UDO Sucre no ha sido el único acto vandálico cometido contra las universidades venezolanas durante los primeros 90 días de cuarentena por COVID-19. Destrozos, invasiones, incendios provocados y el descuartizamiento de animales constituyen otros tipos de ataques contra la academia cuyo propósito es incomprensible desde cualquier análisis racional. «Solo buscan desmoronar la esperanza que poseen los estudiantes de capacitarse y obtener un título a pesar de las dificultades que atraviesa nuestro país”, expresó el 14 de abril Marcelo Lecumberre, estudiante de ingeniería civil de la UDO Anzoátegui.
La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) emitió un comunicado el 21 de abril dirigido al ministro de educación universitaria César Trompiz, a propósito de los destrozos causados en el Instituto de Oceanografía de la UDO cuatro días antes. Los 15 rectores que conforman la Averu denunciaron todos los actos vandálicos cometidos contra las universidades venezolanas, «que atentan contra el patrimonio nacional», y exigieron a Trompiz su intervención ante los órganos competentes en la seguridad y protección de las universidades.
El ODH-ULA exige al Estado venezolano que estos lamentables hechos sean investigados y que se garantice la seguridad a las universidades del país, cuyos exiguos presupuestos limitan la contratación de suficiente personal de vigilancia, de por sí considerablemente reducido debido en parte a la migración forzada de más de cinco millones de venezolanos como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela.
