(Mérida, 08/09/2022).- El pasado viernes 2 de septiembre concluyó el juicio por el asesinato de Wuilderman Paredes Moreno y el homicidio frustrado de su primo, Gerardo Paredes Guillén. Ambos fueron víctimas del uso desproporcionado de la fuerza ejercido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Mérida el 8 de junio de 2019, en el marco de una protesta pacífica causada por una cola de gasolina que sumaba más de una semana. De los seis policías imputados por estos hechos, cinco están en libertad, entre ellos el jefe de la PNB que dio la orden de disparar a las víctimas, cuyo paradero se desconoce.
Las víctimas directas y por extensión de este caso fueron representadas legalmente ante la justicia venezolana por el equipo de abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). El caso fue presentado por esta organización ante la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya Relatora en su momento, Alena Douhan, presentó un llamamiento urgente al gobierno de Venezuela sobre este caso.
En una comunicación suscrita por la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, el régimen de Nicolás Maduro respondió al llamamiento urgente de la Relatora Douhan tildando de “presunta” la ejecución extrajudicial de Wuilderman Paredes (sin referirse a la ejecución extrajudicial frustrada contra Gerardo Paredes) y solicitándole dar por concluido el caso, debido a que el mismo se encontraba en juicio.
El ODH-ULA señala en esta nota de prensa los argumentos por los cuales este caso no ha concluido, así como las evidencias que determinan que las agresiones cometidas contra Wuilderman Paredes y Gerardo Paredes constituyen graves violaciones de derechos humanos que se suman a la mala actuación de los funcionarios judiciales de Venezuela, cuyas consecuencias han sido la impunidad y la falta de reparación a las víctimas.
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Impunidad en la actuación del jefe de la PNB
Juan Bautista Cordero Freitez, comisionado jefe de la PNB Mérida para la fecha de ocurridos los hechos, ordenó a sus subalternos que atacaran a Wuilderman Paredes, luego de que este le reclamara por la falta de gasolina. Además, Cordero alzó la escopeta que portaba y luego disparó repetitivamente contra Gerardo Paredes, quien le exigía que pusiera orden en el lugar, el cual había sido alterado tras la llegada arbitraria de los funcionarios policiales a la estación de servicio, hecho que causó la protesta de quienes tenían más de una semana en cola para tratar de abastecer sus vehículos de combustible.
Si bien quien asesinó a Wuilderman Paredes fue el oficial Luis Gerardo Vargas Dávila, condenado a 18 años de prisión, este funcionario acató una orden de su superior. No obstante, Juan Bautista Cordero Freitez y los otros cuatro policías fueron absueltos el 22 de octubre de 2020 por el Juez de Juicio número 5 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodríguez, quien consideró que las lesiones que sufrió Gerardo Paredes fueron leves, siendo que por poco pierde la vida y quedó con secuelas físicas que le impiden trabajar. El juez justificó la actuación de los policías como un uso proporcional de la fuerza.
“Para que se haga justicia tenían que haberme matado. Lo que me hicieron me echó a perder la vida, ya no puedo hacer mi trabajo por las heridas causadas, porque yo trabajo con maquinaria pesada. Me siento burlado”, dijo Gerardo Paredes al equipo de prensa del ODH-ULA luego de que el juez de juicio dictara sentencia.
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Reinicio del juicio con policías prófugos y sentencia injusta
El 5 de agosto de 2021, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida ordenó retrotraer el juicio por este caso, luego de revisarlo y hallar irregularidades en el debido proceso. El caso fue distribuido entonces al Tribunal de Juicio número 3, a cargo de la jueza Luisana Darleni Rodríguez Contreras, quien no emitió las debidas órdenes de aprehensión contra los cinco funcionarios absueltos por el juez anterior, tres de los cuales continúan prófugos de la justicia. En este nuevo juicio, como en el primero, hubo retardo procesal injustificado y se cometieron distintas violaciones al debido proceso.
El nuevo juicio contra los policías Luis Gerardo Vargas Dávila, Erika del Carmen Peña Sánchez y Junior Enrique Valero Ortega se inició el 3 de marzo de 2022. Durante las audiencias, el Fiscal del Ministerio Público con competencia en defensa de los derechos fundamentales, José Luis Colmenarez, no impulsó la búsqueda de testigos, funcionarios actuantes ni expertos, cuya participación en el juicio eran esenciales. Esto conllevó a que en varias oportunidades las audiencias fuesen suspendidas por carecer de órganos de prueba contra los acusados.
A pesar de que la jueza condenó a Luis Gerardo Vargas Dávila por el homicidio de Wuilderman Paredes, dicha sentencia no es definitiva ni firme. La defensa del condenado puede volver a presentar un recurso de apelación, como lo hizo en el primer juicio. Así mismo, la jueza no incluyó en su decisión la obligatoriedad que tiene el Estado de resarcir y reparar el daño causado a las víctimas indirectas del fallecido.
El ODH-ULA exige que se haga verdadera y completa justicia en este caso y que la orden arbitraria y desproporcionada de un jefe policial no quede impune. Así mismo, solicita a la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra y a la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que no se dé por concluido este asunto hasta tanto los órganos de justicia del Estado venezolano no cumplan con el enjuiciamiento de los demás policías perpetradores de la ejecución extrajudicial de Wuilderman Paredes y la ejecución extrajudicial frustrada de Gerardo Paredes.
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